Resumen: Conflicto Colectivo. Se pretende y estima instancia anulación de la decisión empresarial de no incluir en la solicitud colectiva de prestaciones desempleo a los trabajadores fijos discontinuos, declarando derecho a ser incluidos condenando empresa a ello. Es decir, se cumple el requisito contenido en la normativa de aplicación para la inclusión por la empresa de los trabajadores afectados por el Conflicto Colectivo en la comunicación que remitió al SEPE, al tratarse de trabajadores fijos-discontinuos, vinculados con la misma aun en periodos de inactividad y por tanto con relación laboral anterior a la entrada en vigor de la normativa aplicable.
Resumen: PRIMERO.- Se trata de un caso sustancialmente coincidente con el que hemos resuelto en nuestro auto de fecha 29 de septiembre de 2020, en el recurso de queja 836/20, por lo que reproducimos a continuación nuestros argumentos para desestimar el presente recurso:
Resumen: La Sala estima el recurso. No cabe declarar la lesividad de actos de concesión de nacionalidad por residencia por hechos delictivos penados con posterioridad a su otorgamiento, aunque sean anteriores a la validez y eficacia de dicho acto, pues la resolución no infringe el ordenamiento jurídico. Pero sí por delitos penados antes de su concesión, siempre que evidencien una mala conducta cívica. Aparte del evidente error respecto del hecho delictivo "cometido" el 30 de julio de 2015, que se dice fue penado en sentencia del día siguiente (sin que el Sr. Abogado del Estado haya aportado documento alguno que permita aclarar tan esencial circunstancia), es que ese delito penado el 7 de octubre de 2015, aunque el hecho sea anterior, no queda acreditado y no provoca antecedente penal hasta la fecha en que se dicta la sentencia condenatoria, por lo que siendo posterior a la resolución de 5 de septiembre, nos encontramos ante un supuesto similar al que fue enjuiciado por la sentencia de 10 de junio de 2015 (la cuestión que se plantea es si puede anularse una resolución administrativa que le reconocía la nacionalidad española, con efectos favorables para el afectado, tomando en consideración actos posteriores a la misma pero anteriores a la adquisición efectiva de dicha nacionalidad).
